El PSOE ha cambiado la definición de “productor independiente” de la norma y ahora incluye a empresas asociadas a grandes grupos mediáticos y plataformas, algo que los verdaderos productores ‘indies’ reciben con “estupor”

Una palabra que lo cambia todo. El PSOE ha incluido en el último momento una enmienda a la Ley General de Comunicación Audiovisual que ha puesto en jaque a todo el sector de productores independientes en España. Sobre el papel solo han tachado la palabra “un” prestador para cambiarla por “dicho” prestador, pero con ello transforman por completo la definición de “productor independiente” y podrían alterar el tablero audiovisual español tal y como lo conocemos.

La nueva ley contempla bonificaciones para las productoras nacionales que puedan verse afectadas por el aterrizaje de grandes plataformas y servicios de streaming. Por ejemplo, Netflix o HBO deben pagar un 5% de sus beneficios obtenidos en España a las empresas independientes. Hasta ahora no había ningún problema. Con la enmienda 790 –se han presentado más de mil– reconocen a las productoras dependientes de las televisiones privadas o plataformas como independientes. Un bandazo de última hora que los verdaderos productores indies han recibido con “profundo estupor”.

“Hasta ahora, las productoras dependientes de las televisiones quedaban excluidas del concierto de producción independiente porque tenían una dependencia directa con su canal emisor. La maniobra de última hora llevada a cabo por el PSOE por la espalda nos afecta porque permite una competencia desleal”, defiende Jordi Oliva, presidente de PROA, la federación de productores independientes. Oliva habla en nombre de la PAP –Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes–, que acoge a 600 empresas y que ha lanzado un comunicado en contra de esta enmienda. “Nosotros no tenemos detrás un músculo financiero de una televisión, somos mucho más pequeños y indefensos”.

Las productoras a las que se refiere la ley serían La Fábrica de la Tele, Bulldog o Telecinco Cinema en el caso de Mediaset, o Buendía Estudios en el caso de Atresmedia. Lo que dicta la norma a partir de ahora es que, si producen un proyecto para otra televisión o plataforma –digamos Netflix– se beneficiarán de las mismas ventajas que pequeñas productoras. “La incluyeron hace un par de días y fueron los partidos políticos los que nos alertaron”, desvela Jordi Oliva.

El conjunto de productores independientes lo que critica son las formas. “Nuestra estupefacción y queja va en contra del Gobierno de España, que se supone que es progresista y tiene que proteger la cultura identitaria propia, y resulta que cede a la presión de las televisiones privadas”, se lamenta el presidente de PROA. “Con esta concentración se ponen en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes”, denuncia la PAP.

-El Diario-